En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. "Romper las barreras, abrir las puertas: por una sociedad inclusiva para todos y todas" es el lema para este año 2013. En la mayoría de las ocasiones, las instituciones centran su actividad en la supresión de las barreras arquitectónicas, pero romper barreras para facilitar la integración de las personas con discapacidad es mucho más. Suprimir las barreras físicas, las sociales, las económicas, e importantísimo, las actitudes que tenemos hacia ellas.
Así desde la iniciativa pública se debe afrontar, aportar, invertir, financiar medidas que favorezcan la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. No es suficiente, aunque muy necesario,con suprimir el escalón que impide acceder a una entidad bancaria, si en esa entidad no se favorece el desarrollo laboral de una persona con discapacidad. No podemos conformarnos con los números del ascensor en sistema braille, si esto no sirve para que un invidente pueda acceder a su puesto laboral. Esta es la cuestión a abordar en el siglo XXI, la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral de todos y todas, con mayor incidencia en aquellas mujeres que se sufren doble discriminación, por el hecho de ser mujer y sufrir una discapacidad.
De este modo, las instituciones o administraciones públicas tienen que asumir su grado de responsabilidad social hacia este colectivo, tan desfavorecido en el acceso el mercado laboral. Por eso se han de establecer acciones de discriminación positiva que favorezcan que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo, como por ejemplo la reserva de plazas en las ofertas públicas de empleo para las personas con discapacidad (5%). Pero también las administraciones públicas deben poner su grano de arena para que la favorecer la inserción laboral se produzca en la empresa privada, potenciando que las empresas cumplan, al menos, el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad o favorecer que las empresas que gestionan algunos servicios públicos de esa administración -por ejemplo la mensajería, jardinería o tareas de mantenimiento urbano- sean gestionados por centros especiales de empleo, cuya plantilla debe estar conformado por un 70% de personal con discapacidad.
Ayer día 3 de diciembre, debímos hacer una reflexión profunda: son muchas y diversas las barreras que se han de eliminar para la integración sociolaboral, para apartar de las vidas de las personas con discapacidad la desigualdad a la que parecen estar condenados/as, y son muchas las medidas o iniciativas que se pueden poner sobre la mesa en ese camino. Por ello, como concejales/as socialistas no debemos conformarnos con "sacarle los colores" al gobierno municipal ante la ausencia de desarrollo del Plan Municipal "Eliminando barreras" o que la Comisión municipal de accesibilidad no tenga actividad alguna. No, no es suficiente. Debemos ir más allá, hacer propuestas positivas, encaminadas a que en el Ayuntamiento de Cádiz favorezca la integración y la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y eso, solo se hace, desde el convencimiento del tratamiento igualitario y desde la gestión encaminada a erradicar que las personas con discapacidad se sientan ciudadanos de segunda en nuestra ciudad.
Así desde la iniciativa pública se debe afrontar, aportar, invertir, financiar medidas que favorezcan la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. No es suficiente, aunque muy necesario,con suprimir el escalón que impide acceder a una entidad bancaria, si en esa entidad no se favorece el desarrollo laboral de una persona con discapacidad. No podemos conformarnos con los números del ascensor en sistema braille, si esto no sirve para que un invidente pueda acceder a su puesto laboral. Esta es la cuestión a abordar en el siglo XXI, la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral de todos y todas, con mayor incidencia en aquellas mujeres que se sufren doble discriminación, por el hecho de ser mujer y sufrir una discapacidad.
De este modo, las instituciones o administraciones públicas tienen que asumir su grado de responsabilidad social hacia este colectivo, tan desfavorecido en el acceso el mercado laboral. Por eso se han de establecer acciones de discriminación positiva que favorezcan que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo, como por ejemplo la reserva de plazas en las ofertas públicas de empleo para las personas con discapacidad (5%). Pero también las administraciones públicas deben poner su grano de arena para que la favorecer la inserción laboral se produzca en la empresa privada, potenciando que las empresas cumplan, al menos, el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad o favorecer que las empresas que gestionan algunos servicios públicos de esa administración -por ejemplo la mensajería, jardinería o tareas de mantenimiento urbano- sean gestionados por centros especiales de empleo, cuya plantilla debe estar conformado por un 70% de personal con discapacidad.Ayer día 3 de diciembre, debímos hacer una reflexión profunda: son muchas y diversas las barreras que se han de eliminar para la integración sociolaboral, para apartar de las vidas de las personas con discapacidad la desigualdad a la que parecen estar condenados/as, y son muchas las medidas o iniciativas que se pueden poner sobre la mesa en ese camino. Por ello, como concejales/as socialistas no debemos conformarnos con "sacarle los colores" al gobierno municipal ante la ausencia de desarrollo del Plan Municipal "Eliminando barreras" o que la Comisión municipal de accesibilidad no tenga actividad alguna. No, no es suficiente. Debemos ir más allá, hacer propuestas positivas, encaminadas a que en el Ayuntamiento de Cádiz favorezca la integración y la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y eso, solo se hace, desde el convencimiento del tratamiento igualitario y desde la gestión encaminada a erradicar que las personas con discapacidad se sientan ciudadanos de segunda en nuestra ciudad.
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